Un estudio de Integralia elaborado con información oficial y de reportes de los partidos políticos, registra que 15 estados están en riesgo alto y muy alto de intervención del crimen en sus elecciones locales.

“Ya estamos viendo la jornada o el proceso electoral más violento, es muy probable que si se mantiene la tendencia, este proceso duplique las víctimas de 2021, pero lo preocupante de esto es que, más allá del número, es importante por lo que significa.

“En el último sexenio hemos visto una expansión de los regímenes criminales, es decir, nuestra democracia se ha convertido en un mecanismo para que los grupos criminales asuman el control de los territorios y a partir de ahí comiencen con la regulación de la vida política, económica y social del país”, declaró  Armando Vargas Hernández, consultor senior de Integralia.

De acuerdo con el análisis, los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos se identifican como entidades con riesgo “muy alto”, en las cuales hasta 80% de su territorio está controlado por el crimen organizado o es disputado por grupos criminales.

También se identifican nueve entidades federativas con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.

Los estados que concentran más víctimas de violencia son los territorios disputados por el crimen organizado, siendo éstos Guerrero (73), Michoacán (56), Morelos (36), Chiapas (34) y Jalisco (32).

“La intervención del crimen en las elecciones tiene varios mecanismos y nosotros identificamos al menos cinco, que son la violencia política, la movilización o desmovilización del voto, el financiamiento a campaña, la imposición de candidaturas y también la intervención directa en casillas. Estos niveles de riesgo pueden tomarse como una advertencia, es muy probable que en estos territorios veamos varios incidentes el día de la elección en las casillas electorales, particularmente en algunas zonas de estas entidades”, detalló Vargas Hernández, quien también es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los candidatos más afectados en agresiones son los de la oposición, con 107; Morena, PT y Verde, con 48, y otros partidos locales, con 26.

En cambio, se contabilizan 28 asesinatos, y en ataques letales son los de Morena, PT y Verde quienes encabezan la lista con 17 casos, así como la oposición, con 11.

Cabe destacar que, en el estudio, Integralia tomó como oficialista al gobierno estatal en turno.

Por poner un par de ejemplos: 22 de las 24 agresiones en Michoacán, donde gobierna Morena, fueron contra opositores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, mientras que en Jalisco se registran 18 agresiones contra la oposición, pero como ahí gobierna MC, los agredidos son de Morena, PRI, PAN y PRD.

“El caso de Jalisco es muy particular, prácticamente 100% de las agresiones se ubican en contra de actores de la oposición.

“¿Cuál es la explicación? En aquellas entidades en donde los candidatos de la oposición son víctimas más frecuentes es claro que los grupos criminales están buscando darle continuidad a los proyectos políticos para mantener o extender sus redes de impunidad. Los grupos criminales neutralizan a la oposición para fortalecer su dominio territorial”, agregó Armando Vargas.

Hay otros estados en donde también hay una buena cantidad de víctimas que son del oficialismo, y que se caracterizan porque hay fuertes disputas de grupos criminales. Destaca el estado de Guerrero, en donde gobierna Morena y se registran 11 agresiones; cinco de ellas contra aspirantes oficialistas, y seis en contra de opositores.

“En estos casos hay casi una distribución más o menos igualitaria entre víctimas oficialistas y víctimas de oposición, ahí nos parece que los grupos criminales que no tienen el dominio territorial buscan acabar con los proyectos políticos para imponer su propio dominio, estableciendo nuevos proyectos políticos”, expuso el consultor senior de Integralia.Para el doctor Armando Vargas Hernández, el problema de fondo de este proceso electoral no es la violencia política per se, sino la construcción de regímenes criminales.

“La democracia está capturada, es una democracia cautiva, secuestrada por grupos criminales, y es muy probable que después del 2 de junio veamos una expansión de los regímenes criminales”, declaró.

El doctor en Ciencias Políticas consideró que, pese a ello, la democracia todavía funciona en varios territorios del país, por lo que urgió al gobierno a reconocer que hoy el crimen organizado manda en varios territorios y trabajar en consecuencia.

“Este es un problema que no se va a resolver en el mediano plazo, la violencia política y la construcción de regímenes criminales no es un tema coyuntural, no es un tema de las elecciones, es un tema con profundas implicaciones en el día a día para el ciudadano, para las organizaciones y para las empresas.

“Estoy seguro de que la democracia funciona todavía en varios territorios, pero sin lugar a dudas hay otros en donde el crimen organizado decide quién participa, decide cómo participan y decide cómo gobiernan; en ese sentido me parece que estamos viendo unas narcoelecciones en varias regiones y el gobierno debe trabajar de manera urgente en ello”, concluyó.